Dada la procelosa relación entre ciencia y política, llama la atención leer que un gobernante –todo un ministro de Medio Ambiente‑ afirme que, para resolver cierta cuestión con espinoso trasfondo, “se antepondrá el criterio científico a los intereses políticos”. Más que llama, enciende la atención; por lo excepcional de tal declaración en el discurso general de un gobierno que es notable por los ejemplos en que la anteposición va precisamente en el sentido contrario.

La más famosa de ellas es el cambio climático. Ya en 2007, el actual presidente del gobierno –por entonces de la oposición‑ declaró que era “un problema al que hay que estar muy atentos, pero tampoco lo vamos a convertir en el gran problema mundial”. Ni mundial ni local, ni problema, porque en septiembre de 2011, su partido anunció un cambio de política climática, desmarcado de la mayoría de partidos españoles o de las posturas de Reino Unido, Francia o Alemania ‑que apoyan una fiscalidad ambiental y el aumento en el recorte de emisiones de CO2‑. La razón política ‑“no se deben introducir nuevos factores de coste para nuestra industria”‑ se antepone aquí al criterio científico.

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