Tramos y tramas
En enero de 2010 parece que han entrado en funcionamiento los temidos radares de tramo anunciados en varias ocasiones por la DGT. Estos caros dispositivos miden el tiempo que tarda un vehículo en recorrer la distancia que hay entre dos puntos. Si al dividir esa distancia entre el tiempo –la velocidad media- se obtiene un valor superior a la velocidad máxima permitida en el tramo, el resultado de la operación es “multa al canto” –clin-clon en las arcas del Estado (que son de todos).
El asunto es interesante porque no te multan por haberte cogido con las manos en la masa -perdón, con el pie en el acelerador,como hacen los radares convencionales de punto- sino que te inculpan por deducción. No se puede realizar un trayecto a una velocidad media sin que en algún punto del tramo se haya alcanzado esa velocidad: es por esos puntos que te multan (sólo una vez, gracias). El método deductivo es tan de novela negra que la ley actual no puede caer con su peso sobre el acelerado conductor, y andan modificándola ya en el Senado.
La idea es muy buena para todos (que somos el Estado) y de aplicación muy general. Tu dietista te podría pesar en dos lunes consecutivos y deducir de tu disminución media de peso que te has saltado la dieta algún día (¡Uy, qué buena excusa para cobrarte por la infracción!) O cuando el ligero Alberto Contador tiene que subir, digamos el Tourmalet, que tiene una pendiente media del 7.4%, sabe que en algún momento de la ascensión tendrá que salvar precisamente una cuesta con esa inclinación.
Todo ello es consecuencia de un principio general –el famoso teorema del valor medio o de Lagrange (matemático de la Francia del siglo XVIII y de fama superior a la de su famoso teorema). Sucede con cualquier magnitud que se acumula (o varía) continuamente sin cambios bruscos respecto de otra. En los tramos se acumula el espacio recorrido respecto del tiempo; en el tratamiento de mollas disminuye el peso frente al tiempo; y en la subida al Tourmalet es la altura que se incrementa poco a poco frente al espacio lineal recorrido. El cociente en un caso es velocidad, en otro es gramos por día, y en el de Contador, pendiente de cuesta.
No está claro que el Estado no tenga un afán recaudador al velar por nuestra seguridad a tramos. Pero pongámoslo de otra forma: al multar en un túnel -como harán algunos radares de tramo- todos (el Estado) conseguiremos cobrar la pasta gansa que nos escamotean fitipaldis tan inconscientes que pasan, por ejemplo, a 105 el tramo limitado a 100. Aunque, claro, los radares no nos permitirán cobrar los calentones que estrujen el acelerador dentro del túnel hasta 200 si después levantan espabiladamente el pie hasta la salida. Es duro, ya, pero el Estado tiene que serlo a veces.
Eso sí, sólo a veces. Porque, la misma idea del radar de Lagrange podría usarse para intentar cazar a la tribu de políticos tramoyistas que se trincan un auténtico pastizal público- o sea de todos. En el panorama actual de tanta trama podrida, los radares antichorizo medirían el patrimonio de cada cargo público en diversos tramos durante su servicio. Como los sueldos públicos son eso: públicos, se sabe cuál debe ser la velocidad media máxima con que aumenta ese patrimonio. Si al medir en dos puntos, la velocidad media supera la máxima, “¡Moooc!” -bocinazo-: en algún punto ha ocurrido un ingreso inesperado; “¡Riiiing!” -telefonazo-: “Ilustrísimo, hay un teorema que no está usted cumpliendo. Nos explique ese sobrebeneficio” (con el de la duda, por supuesto).
ILUSTRACIÓN de Gianni Peg
De momento el Estado (¿todos?) prefiere modificar leyes que legalicen los tramos que recaudan la pasta de los fitipaldis, pero no los que permiten recuperar la que nos levantan por doquier los entramados mandantes oficiales. Es lo que tiene el Estado, que a veces es muy duro.
P.S. En enero de 2006, en un ejercicio pionero, Rafael Estrella, por entonces parlamentario socialista, hizo público su patrimonio y la totalidad de sus ingresos. Recientemente se ha sabido que una de las novedades del proyecto de ley de Gobierno Local que se negocia para este curso político es que los alcaldes y concejales deberán hacer público su patrimonio en Internet. El paso sustancial es instalar legalmente los radares de tramo patrimoniales.